Responsabilidad ambiental en marcha CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
Conscientes de esta tarea, las empresas del sector mineroenergético –siguiendo las normas diseñadas por el Estado– decidieron llevar a cabo distintas prácticas dirigidas a proteger el ambiente que rodea sus operaciones. Una de estas prácticas –catalogada de suma importancia– es el Plan de Cierre de Minas. A los hechos La minería, a diferencia de otros procesos productivos, se desarrolla en un período determinado de tiempo, al extraer recursos no renovables de la superficie terrestre. Por esta razón, es indispensable contar con instrumentos que brinden las herramientas necesarias para que la zona donde se desarrolló la minería se mantenga en óptimas condiciones al término de la actividad. Con esta premisa surge el Plan de Cierre de Minas. Este plan es un instrumento ambiental en el que se establecen pautas a ser seguidas por el titular de la actividad minera, con el objetivo de rehabilitar las áreas que utilizó. En pocas palabras, el plan de cierre es una manera eficaz de evitar la generación de pasivos ambientales.1 Un ejemplo que grafica lo señalado es lo que viene ocurriendo en la unidad minera Graciela, de propiedad de la compañía minera Perubar y que está ubicada a 1,250 metros sobre el nivel del mar, en el distrito de Cocachacra, provincia de Huarochirí, a tres horas de Lima. A propósito de este caso, el presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Aranda, recuerda que esta mina –de tajo abierto y subterránea– cerró sus operaciones en agosto del 2001 presentando en su momento su plan de cierre, siguiendo los lineamientos que por esa época estaban en vigencia. Sin embargo, a fin de estar acorde con las normas actuales, la empresa solicitó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) acogerse a la legislación vigente que regula el cierre de minas (Ley 28090). Cabe resaltar que al carecer esta norma del carácter retroactivo (ser aplicable para hechos acontecidos antes de su puesta en vigencia) Perubar no estaba sujeta ni obligada a seguir sus planteamiento. En palabras de Aranda, “fue una decisión responsable, digna de imitar”. “Como una administración responsable, nos dimos cuenta de que efectivamente hicimos nuestro plan de cierre de acuerdo con lo plasmado (en los reglamentos de aquella época); sin embargo, fuimos conscientes de que muchas condiciones no eran compatibles con el plan de cierre moderno, por lo que decimos conversar con representantes del MEM a fin de que se evalúe lo alcanzado y veamos los puntos que faltaban pulir. Actualmente estamos ejecutando este plan de cierre”, revela Juan Montoya, gerente corporativo de Seguridad y Salud Ambiental de Perubar. Hoy en día, el área (antes utilizada como unidad minera) luce un semblante distinto, con presencia de vida silvestre en la laguna ubicada donde antiguamente operaba la mina subterránea Graciela; además, es posible apreciar la presencia de pequeñas áreas verdes alrededor de ésta. Si esta zona era un yacimiento subterráneo, ¿cómo se llegó a esta laguna?, surge la pregunta. El especialista en medio ambiente de la compañía, Pedro Solís, dice que “ésta fue posible gracias al estudio realizado por Perubar a fin de conocer los pasos adecuados a seguir para llevar adelante el plan de cierre”. “El estudio nos indicó dos caminos a seguir: primero, rellenar con el desmonte del relave para posteriormente colocar una cobertura de arena natural; el otro era inundar”, añade. La primera opción, explica Solís, era posible si la institución educativa que adquirió las instalaciones de Graciela, el Centro Tecnológico Minero (Cetemin) (actualmente propietaria de la parte administrativa de la mina), permitía que la caja de bombas de agua (utilizadas para extraer el agua subterránea que estaba en el tajo) siga funcionando; sin embargo, por cuestión de costos lo desestimaron. Esto determinó que la minera se inclinara por la segunda opción: inundar, lo que fue posible mediante la recuperación de la napa freática natural.2 Así, el proceso significó dejar de bombear el agua, procedimiento que en su momento fue necesario para poder extraer el mineral del suelo. Como resultado de la decisión, el agua recuperó su nivel freático e inundó el tajo utilizado. Un detalle adicional es que la creación de la laguna fue posible por los cuerpos rocosos permeables3, ubicados en toda la zona, lo que permitió una inundación sin problemas. Esta decisión trajo como resultado el florecimiento de la vida vegetal y animal, “como se puede apreciar la naturaleza hizo su parte, sin contar con la intervención privada”, precisa Montoya. Asimismo, como parte del plan de cierre de Graciela, se llevó a cabo la activa recuperación de suelos, ya que el área donde antiguamente estaban los desmontes de relaves fue cerrada (dado que al contacto con el agua –por efecto de la lluvia– produce contaminación) colocando en su lugar suelo natural. Este hecho trajo como consecuencia el nacimiento de áreas verdes y vegetación. “Con este acto se buscó eliminar todo proceso de emisiones contaminantes y recuperar la vegetación de esta zona, aprovechando su cercanía al río Rímac y su clima templado”, señala el especialista ambiental. Las construcciones en la zona (lo que antiguamente fueron las oficinas administrativas de la empresa) continúan intactas, y serán utilizadas por el Cetemin, como propietaria de la zona. “El propietario actual le va dar un segundo uso a estas instalaciones”, refiere el técnico. A propósito del cierre de minas
La demora en la publicación de la guía para que las empresas del sector minero puedan elaborar adecuadamente un plan, de acuerdo con lo estipulado por la norma vigente (Ley 28090) y el retraso en la presentación del registro de empresas consultoras autorizadas a realizar el cierre de las unidades mineras son elementos que ponen trabas a la disposición de estas empresas por cumplir con los lineamientos establecidos por la autoridad competente. “A diferencia de la norma anterior, la presente prohíbe que sea la misma compañía minera la que ejecute el cierre, y encarga esta labor a una empresa especializada”, indica. Otro cuello de botella, asegura Aranda, es la poca seguridad que se tiene de que el MEM esté en capacidad de procesar 250 planes de cierre en poco tiempo, dado que “cuenta con apenas 180 días para observar los planes tras su entrega”, apunta. Cabe anotar que en la norma (aprobada en el 2004 y reglamentada en el 2005) se precisa que las empresas mineras deben entregar sus planes de cierre de operaciones mineras de acuerdo con un cronograma establecido, dependiendo del tiempo de producción que estimen para cada unidad. Asimismo, se establece que la empresa debe entregar una garantía equivalente al monto que requerirá para llevar adelante su plan de cierre y realizar un monitoreo postcierre durante los cinco años siguientes. Camino a Rosaura Otro caso que merece la pena observar es el de la política ambiental que viene ejecutando la unidad minera Rosaura, también de propiedad de Perubar, que está ubicada a 3,860 metros sobre el nivel el mar, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí (región Lima), aproximadamente a una hora de Graciela. A diferencia de Graciela, Rosaura está operativa y produce concentrados de plomo y zinc. “Cuenta con una planta que procesa 2,000 toneladas diarias de mineral”, indica su jefe de Medio Ambiente, Cristian Dextre. Una de sus principales características, prosigue el técnico, es que “ésta es una planta compacta, ya que a pesar de que procesa 2,000 toneladas diarias de mineral sólo ocupa 0.05 hectáreas”. Este hecho (que podría pasar desapercibido) aminora el impacto ambiental que pueda ocasionar la presencia de una operación activa, ya que ocupa poco espacio. Como parte de la política ambiental de Rosaura, el experto en medio ambiente precisa que la planta procesadora del mineral está completamente cerrada, a fin de contener el ruido que genera el equipo, principalmente en la etapa de reducción de tamaño del mineral. “Este proceso consiste en triturar con elementos metálicos la roca que sale de la mina. Justo en esta etapa se produce la mayor cantidad de ruidos”, dice. De esta manera, la operación minera no causa un impacto negativo al ecosistema que lo rodea. “El hecho de que también esté cerrado el stock file (almacén de concentrados) evita el arrastre de los concentrados de plomo y zinc por efecto de las lluvias. Así evitamos contaminar el medio ambiente”, afirma Dextre. Otro aspecto fundamental, dada la ubicación geográfica de la mina, es el cuidado responsable del agua. En efecto, el especialista manifiesta que la operación minera está situada a escasos metros del río Rímac. Por ello, “la prioridad de nuestra gestión ambiental es la protección del recurso hídrico”, enfatiza. Con esta visión, Rosaura cuenta con una planta de tratamiento de efluentes industriales, que incluye un pozo con una capacidad de mil metros cúbicos. “En la que mediante un proceso de floculación4, retenemos las partículas que pueden estar suspendidas en el agua. De esta forma, tenemos un efluente final que cumple con los límites máximos permisibles”, apunta. Gracias a este procedimiento, el agua de esta zona está catalogada como clase 2, es decir, ideal para ser utilizada en actividades agrícolas e incluso para ser potabilizada, puesto que no contiene en su interior elementos metálicos dañinos para la salud. “Para nosotros es un orgullo que nuestra operación no cause ningún impacto negativo tanto al cuerpo receptor (río Rímac) como al medio ambiente que nos rodea”, reflexiona el encargado de medio ambiente. Pasivos ambientales Referente al tema de pasivos ambientales, Carlos Aranda señala que es necesario que el MEM logre identificar la contaminación que está siendo generada por la minería informal. La cual puede causar un impacto mucho mayor que la minería formal al medio ambiente. “Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales apuntan su mirada hacia las grandes empresas mineras como Yanacocha, Southern o Tintaya, pero nadie observa sitios como Madre de Dios, Puno, Nasca y Pataz, donde está ubicada una gruesa cantidad de mineros informales que ya no es pequeña, y los daños que ocasiona al medio ambiente son tan malos o peores de lo que pueda haber ocasionado la gran minería”, explica.
Finalmente, para Aranda los US$200 millones que el MEM calcula serán necesarios para la reparación de los 611 pasivos ambientales que existe en el Perú, es una cantidad insuficiente. Como vemos, existe una preocupación constante por parte del sector mineroenergético por llevar a cabo políticas ambientales prácticas que aseguren un manejo responsable del medio ambiente. Cabe anotar que tanto el plan de cierre de minas como la estrategia ambiental de una mina operativa no son los únicos mecanismos que salvaguardan el ecosistema. Existen otros mecanismos de similar importancia como son el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA); Programa de Monitoreo; Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP), entre otros. (Ver nota aparte) 1 Un pasivo ambiental podría definirse como aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al ambiente y la calidad de vida de las personas. 2 Es el nivel donde se inicia el agua subterránea. 3 Que puede ser penetrado por el agua u otro fluido. 4 Proceso mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las presentes en el, facilitando de esta forma su posterior remoción. ¿De qué tratan estos mecanismos? El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debe evaluar y describir los aspectos físicos-naturales, biológicos, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza, magnitud y prever los efectos y consecuencias de la realización del proyecto indicando medidas de previsión y control por aplicar, a fin de lograr un desarrollo armónico entre las operaciones de la industria minera y el medio ambiente. El Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar adelantos tecnológicos y/o medidas alternativas para reducir o eliminar las emisiones o vertimientos de las operaciones minero-metalúrgicas, con el propósito de cumplir con los niveles máximos permisibles establecidos por la autoridad. El Programa de Monitoreo es un muestreo sistemático con métodos y tecnología adecuada al medio en que se realiza, basado en normas definidas por el MEM para evaluar la presencia de contaminantes vertidos en el medio ambiente. La Evaluación Ambiental Preliminar (EAP) se da con anterioridad a la elaboración del PAMA, con el fin de identificar los problemas que genera al ambiente la actividad minera. La EAP se sustenta en la información recogida como parte del programa de monitoreo. |
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