Guillermo Díaz Departamento de Estudios Económicos BWS
Dicha evolución es el resultado de un cambio en la legislación del referido sector, realizado a inicios de la década de los noventa, que tuvo como punto central la atracción de la inversión nacional y extranjera, y el establecimiento de reglas de juego claras y perdurables en el tiempo. Esto último garantizado por los contratos de estabilidad jurídica amparados por la Constitución vigente. Lo anterior, unido a la estabilización de las condiciones macroeconómicas, permitió que entre 1992 y el 2005 se captaran inversiones por alrededor de US$22,000 millones. Minería: importantes megaproyectos En lo que se refiere específicamente al subsector minero, las inversiones acumuladas en dicho período alcanzaron US$10,355 millones, según información del Ministerio del Energía y Minas (MEM). Este flujo de recursos permitió la ejecución de importantes megaproyectos mineros como Yanacocha, Antamina, Izcaycruz, Pierina, Alto Chicama, las ampliaciones de Southern y Tintaya, entre otros, generando un significativo incremento en los volúmenes de producción, y convirtiendo al Perú en el primer productor de plata, el segundo de zinc, el tercero de cobre y estaño, el cuarto de plomo y molibdeno, y el quinto de oro a nivel mundial. Estos resultados han sido logrados a pesar de que aún subsisten factores que limitan el desarrollo de la minería tales como: medidas de carácter tributario (regalías), déficit de infraestructura en el interior del país, oposición de la población a la actividad minera en algunas zonas, debido a temores de daño al medio ambiente y, más recientemente, por la amenaza de revisión de los contratos de estabilidad jurídica en el calor de la campaña de las elecciones presidenciales. Estos factores explicarían el descenso del Perú del puesto 39 (2004-2005) al 44 (2005-2006) en el Índice de Potencial de Política –indicador que mide los efectos sobre la inversión en exploración minera de las políticas de gobierno– que elabora el prestigioso Instituto Fraser entre 69 países alrededor del mundo. No obstante, dicha entidad coloca al Perú en el primer lugar –compartido con Rusia, Ghana, Indonesia y Congo– en el Índice de Potencial Minero, que sólo considera el potencial geológico del país. Justamente, en la medida en que logremos superar estas deficiencias, nuestro país podrá aprovechar plenamente su potencial minero. En esa dirección, resulta positivo que las autoridades del nuevo gobierno hayan mostrado su intención de negociar con las empresas mineras un mayor aporte al fisco, derivado de los extraordinarios precios que registran tanto los metales básicos como preciosos en el mercado internacional, antes que imponer un impuesto a las sobreganancias que hubiera afectado seriamente la estabilidad jurídica, uno de los pilares para la atracción de inversiones al sector.
Así, sólo en el 2006, el MEM estima que la inversión minera ascenderá a US$1,200 millones, distribuidos principalmente en el proyecto de ampliación de la mina Cerro Verde en Arequipa, en la modernización de la Fundición de Ilo, propiedad de Southern Copper Corp, y en el inicio de la ejecución del proyecto aurífero Cerro Corona. Es importante resaltar que la inversión en la ampliación de Cerro Verde –propiedad de la estadounidense Phelps Dodge, de la japonesa Sumitomo y de la peruana Buenaventura– ascendería a US$850 millones. Recursos con los cuales podría aumentar su capacidad de producción de cobre de 90,000 TMF a 270,000 TMF anuales. Dicho proyecto, que empezó a ejecutarse durante el segundo semestre del 2005, estaría concluido para finales de este año. Por su parte, la modernización de la Fundición de Ilo viene demandando una inversión aproximada de US$400 millones y su conclusión está prevista para fin de año. Por último, el proyecto Cerro Corona –ubicado en Cajamarca y propiedad de la sudafricana Gold Fields– demandará una inversión de US$277 millones y se espera que inicie sus operaciones a finales del 2007, previéndose una producción anual cercana a las 400 mil onzas. En el mediano plazo, existen proyectos importantes que actualmente están en etapas de exploración y de estudios de prefactibilidad. Dentro de éstos destacan Toromocho (Junín), proyecto de cobre perteneciente a Minera Perú Copper y que requeriría inversiones por US$1,524 millones para la construcción de un complejo minero que produciría 273,000 toneladas de cobre hacia el 2010. Lo que permitiría incrementar en 20% la actual producción nacional. Asimismo, resalta el proyecto de cobre La Granja (Cajamarca), adjudicado a finales del 2005 a la británica Río Tinto, la cual planea invertir inicialmente US$60 millones en un plazo máximo de cinco años, antes de decidir si desarrolla o no el proyecto. De ser afirmativa la decisión, la empresa invertiría US$700 millones adicionales. Algo similar ocurre con el proyecto Las Bambas (Apurímac), actualmente en fase de exploración a cargo de la suiza Xstrata. Se prevé que dentro de los próximos cuatro años la minera tome la decisión de desarrollar el depósito de cobre, lo que demandaría una inversión de US$1,000 millones. También destacan los proyectos Los Chancas y Tía María, propiedad de Southern, que demandarían una inversión que fluctuaría entre US$800 y US$1,000 millones. En el caso del primero, se estima una producción anual de 110,000 toneladas de cobre a partir del 2009 mientras que el segundo aportaría 210,000 toneladas de cobre desde el 2011. Por último, no podemos dejar de destacar la presencia de cerca de 80 empresas, la mayoría de ellas mineras juniors, tanto locales como extranjeras –estas últimas provenientes tanto de Canadá, Estados Unidos, Australia e Inglaterra– que vienen realizando trabajos de exploración en nuestro país. Así, actualmente existen 23,619 concesiones mineras vigentes que abarcan un total de 9.5 millones de hectáreas a nivel nacional, la mayor parte de ellas concentradas en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Pasco, Junín, Huánuco, Arequipa, Moquegua y Puno. Tales empresas, atraídas por el ya comentado potencial geológico, estarían desembolsando US$300 millones en inversiones en exploración minera durante el 2006, según estimados del MEM.
La tendencia ascendente de la cotización del petróleo en el mercado internacional en los últimos tres años –y que ha llevado al barril de crudo a superar los US$70 por barril– ha contribuido no sólo al paulatino cambio de nuestra matriz energética –sustituyendo derivados del petróleo por el gas natural de Camisea– sino también ha propiciado un inusitado interés por las labores de exploración petrolera en territorio peruano, a pesar de que el riesgo geológico (probabilidad de encontrar petróleo con éxito) es superior al promedio mundial. Así, durante el 2005 Perupetro suscribió 15 contratos de exploración petrolera, lo que constituyó un récord, teniendo en consideración que entre el 2001 y el 2004 se suscribieron en total sólo 12 contratos. Adicionalmente, entre enero y julio del 2006 se suscribieron 10 nuevos contratos, por lo que se prevé registrar un nuevo récord a fin de año. Dentro de los contratos firmados resaltan los suscritos con Pan Andean Resources por el Lote 114 (cuenca Ucayali), con Barrett Resources por el Lote 121 (cuenca Marañón) y con Petro-Tech Peruana por el Lote Z-36 (zócalo continental), estimándose que la inversión conjunta en estos tres lotes alcance los US$90 millones. Asimismo, se suscribió con Petrobrás Energía el contrato con el lote 117 (ubicado en Loreto) en el cual se prevé una inversión de US$35 millones. Adicionalmente, para el segundo semestre del año Perupetro tiene programado suscribir como mínimo cinco nuevos contratos de exploración, a saber: con Burlington Resources —filial de la estadounidense Conoco Phillips— por los lotes 123 y 124 (cuenca Marañón) y en donde se prevén invertir US$60 millones en los próximos cinco años; con la canadiense Gran Tierra Corp. por el Lote 122 (cuenca Marañón) y en la cual se estima una inversión de US$40 millones; y finalmente con la estadounidense RSM Production Corp. por los lotes Z-43 y Z-44 (zócalo continental) en donde se proyecta una inversión conjunta de US$60 millones. Es importante resaltar que a la fecha están vigentes 55 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, que abarcan más de 31 millones de hectáreas a nivel nacional, y que contienen compromisos de inversión por alrededor de US$2,300 millones a ejecutarse en el período 2006-2010. De éstos, 18 corresponden a contratos de explotación con inversiones comprometidas por cerca de US$1,500 millones, y 37 corresponden a contratos de exploración con inversiones estimadas en US$800 millones. Lo que muestra que las inversiones a realizarse incrementan la probabilidad de revertir la tendencia declinante de la producción de crudo de la última década. Otro proyecto importante y que permitiría revertir nuestra aún deficitaria balanza de hidrocarburos —en el 2005 dicho saldo negativo alcanzó los US$711 millones— es la puesta en marcha del proyecto de exportación de gas natural licuefactado (LGN), mejor conocido como Camisea II. La inversión estimada para el desarrollo de este proyecto asciende a más de US$3,000 millones, de los cuales alrededor de US$2,150 millones serían invertidos en el Perú, y estará a cargo del consorcio Peru LNG, conformado por la estadounidense Hunt Oil, la coreana SK Corporation y la española Repsol YPF.
Si bien aún no se ha tomado una decisión definitiva, se estima que las exportaciones de GNL se dirijan principalmente a México, y alcancen un volumen de 600 millones de pies cúbicos, generando exportaciones adicionales por un monto promedio anual de US$880 millones. Cambios alentarían inversiones A diferencia de la minería e hidrocarburos, el subsector eléctrico mostró un estancamiento en sus inversiones producto del marco legal que no incentivaba las inversiones, en particular en los rubros de generación y transmisión. Lo anterior, junto al sostenido crecimiento de la demanda de energía eléctrica a tasas de entre 5% y 6% —en línea con la expansión de la economía—, generó preocupaciones en torno al abastecimiento futuro. Sin embargo, a finales del 2004 se realizaron algunas modificaciones a la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), lo que junto a la llegada del gas de Camisea a Lima, posibilitó la reactivación de las inversiones en generación eléctrica. De esta manera, durante el 2005 se otorgaron autorizaciones para la puesta en marcha de centrales térmicas con una capacidad instalada de 776 megawatts (MW), las cuales utilizan como insumo el gas natural de Camisea. Se inició la conversión de ciclo simple a ciclo combinado de la Central Termoeléctrica de Ventanilla —en ese momento propiedad de Etevensa, hoy absorbida por Edegel—, lo que implicará un aumento de su capacidad de 320 MW a 480 MW y requerirá una inversión aproximada de US$70 millones. Asimismo, se realizó la conversión de diésel a gas de la planta termoeléctrica de Santa Rosa —propiedad de Edegel— con una inversión de US$5.6 millones. Cabe anotar que dicha planta tiene una capacidad instalada de 125 MW. Por otro lado, se inauguró la Central Hidroeléctrica de Yuncán (Pasco), operada por Enersur —filial de la belga Suez— que posee una potencia instalada de 130 MW y cuya puesta en marcha demandó una inversión total de US$339 millones. Durante el 2006 continuaría la evolución positiva de la inversión, pues a la ya comentada inversión en la Central Termoeléctrica de Ventanilla —a ser inaugurada en el segundo semestre del año— se suma la primera etapa de la construcción de la Central Termoeléctrica Chilca I, propiedad de Enersur, y que viene demandando una inversión de alrededor de US$60 millones. Dicha planta, que utilizará el gas de Camisea como combustible, tiene una capacidad de 170 MW y está programada para entrar en funcionamiento en noviembre. En el mediano plazo, las perspectivas del subsector son positivas, más aún con los nuevos cambios realizados a su legislación en julio y que buscan que las tarifas eléctricas reflejen más adecuadamente las condiciones de oferta y demanda. Así, entre las modificaciones introducidas destaca la posibilidad de suscribir contratos de suministro a largo plazo a un precio determinado, lo que permite a la empresa generadora calcular con certidumbre el período de recuperación de su inversión, alentando las mismas. Asimismo, se aprobó la recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la construcción de centrales hidroeléctricas, a fin de incentivar las inversiones en dicho segmento.
En lo que se refiere a proyectos hidroeléctricos, destaca El Platanal (Cañete), propiedad de Cementos Lima, en la que se planea construir una planta con capacidad de 130 MW, la cual demandará una inversión de US$155 millones. Asimismo, están en etapa de evaluación diversos proyectos como el de Cheves (525 MW), Pucará (130 MW), Morro de Arica (50 MW), la ampliación de la hidroeléctrica de Machu Picchu (75 MW), entre otros. Conclusión El actual ciclo de expansión de la economía mundial nos permite ser optimistas en torno al desarrollo de la economía local, y del sector mineroenergético en particular, durante el próximo quinquenio. A diferencia de décadas pasadas, el país ha alcanzado una estabilidad macroeconómica que hace atractiva la llegada de inversiones, por lo que muchos proyectos mineros que permanecieron en los Andes se hacen hoy atractivos ante los altos precios alcanzados por los metales en el mercado internacional. Asimismo, la llegada del gas de Camisea a Lima es una gran oportunidad para iniciar el progresivo cambio de nuestra matriz energética, considerando que el gas natural es un combustible más económico y menos contaminante que el petróleo que importamos, y que la perspectiva es que el precio del barril de este último permanezca por encima de los US$50, por lo menos, en los próximos dos años. No obstante, esto último abre una oportunidad para impulsar las inversiones petroleras, tal como se refleja en el creciente interés de empresas extranjeras por explorar en el país. Por otro lado, los cambios en la legislación del subsector eléctrico en los últimos dos años han incentivado las inversiones en generación, lo que junto con la disponibilidad de gas como insumo para las centrales termoeléctricas, nos permite avizorar una aceleración en el ritmo de crecimiento de la oferta de energía congruente con la sostenida expansión de la demanda asociada al dinamismo de la economía. Por último, la puesta en marcha de Camisea II nos permitiría pasar de ser deficitarios en la balanza comercial de hidrocarburos a convertirnos en exportadores netos. Finalmente, es importante destacar que la materialización de estas inversiones dependerá de que se mantenga la estabilidad económica así como el respeto a las reglas de juego y a la seguridad jurídica, que es la única forma de garantizar un clima de negocios adecuado para el desarrollo del sector empresarial. |
