COMPROMISO DE QUIENES SÍ CREEN EN EL LIBRE COMERCIO
Empresas competitivas,
sin proteccionismos
ni asistencialismos
Diego Isasi
Jefe de Estudios Económicos
ComexPerú

Hace más de un año que la prensa peruana habla del TLC con Estados Unidos, a pesar de que los vaivenes políticos le han quitado algunos titulares y bastante protagonismo. El Congreso de la República también comenta el tema, aunque todavía de manera muy general y, por su parte, la ciudadanía reconoce más o menos el fenómeno. Según las últimas encuestas, el 70% de la población está a favor del tratado; sin embargo, llama la atención que lo que más escuchamos en
los medios de comunicación es: o al gobierno explicando la importancia del proceso o a grupos preocupados en que lo que se negocie afecte negativamente sus intereses.

¿En dónde están las empresas exportadoras que requieren de mercados amplios, los grandes y pequeños inversionistas que necesitan un ambiente más estable, los consumidores que buscan productos más baratos, y los desempleados y nuevos miembros de la Población Económicamente Activa (PEA) que requieren que el sistema productivo crezca para que pueda acogerlos y darles un trabajo?

Probablemente esté sucediendo una de dos cosas: o no se ha comprendido los diversos mecanismos a través de los cuales el TLC podrá ayudarnos, o se considera que el proceso llegará a buen puerto sin necesidad de mayor esfuerzo, lo que lamentablemente no es cierto.

El TLC con Estados Unidos ofrece enormes beneficios que podremos hacer efectivos en tanto que los acuerdos tomados respondan a las necesidades de la gran mayoría y no a los pedidos de los pequeños grupos más bulliciosos.

El sector minero debe reconocer en el TLC una gran oportunidad. Y no sólo por la consolidación de un acceso preferencial al mercado estadounidense, sino principalmente por el afianzamiento de las
reformas económicas iniciadas en los años noventa. Pero para ello se requiere mucho más que silencio.

En un contexto en el que en los comunicados públicos prevalece la voz de los que no están tan convencidos de la conveniencia de este tratado, el pecado más grave es la omisión.

Aranceles: la primera reforma
El punto de partida en todo TLC es la desgravación arancelaria. La diferencia con la desgravación arancelaria unilateral es que nos da la oportunidad de pedir algo a cambio de tomar la decisión. Sin embargo, esto no debe confundirnos y hacernos pensar que es el costo para conseguir acceso al otro mercado. La desgravación de nuestros aranceles es en sí misma un gran beneficio, en tanto reduce los precios -de insumos y bienes de capital, por ejemplo- y promueve la competencia en el país.

A pesar de esto, aún hay quienes intentan actualizar mitos como la desindustrialización generada por la desgravación arancelaria de los noventa. Basta revisar el crecimiento de más de 5% en el sector manufacturero luego de dicha reducción arancelaria para reconocer que esos argumentos han perdido vigencia para dejar paso a las empresas competitivas.

Quién maneja los aranceles
En el 2006 se acaba la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), y luego de lo difícil que fue conseguir su ampliación no podemos confiarnos en una nueva prórroga. Así, si no hubiera TLC, a partir del 2007, nuestros productos ingresarían al mercado norteamericano con imposiciones arancelarias. Sin embargo, para las empresas mineras éste no es un problema que deba preocuparles, pues el Sistema General de Preferencias (SGP) de Estados Unidos también ofrece los productos mineros sin arancel.Por otro lado, aun si el cobre y el zinc tuviesen que pagar los aranceles de 1% y 1.5% que establece Norteamérica fuera del SGP, esto no
afectaría la minería peruana, pues la demanda de estos productos depende de las necesidades de producción y no del efecto precio que pueda tener un arancel. En el peor de los casos podríamos colocar los minerales en otro mercado.

Sin embargo, el acceso preferencial a Estados Unidos no es el único aspecto arancelario que debe preocupar a las empresas mineras. Un beneficio mucho mayor conseguirán gracias al acceso a insumos y bienes de capital sin pagar aranceles. Recordemos que el 18% de los insumos y el 27% de los bienes de capital que el Perú adquiere del exterior provienen de Estados Unidos. Así, el primer punto en el que el TLC nos permitirá el afianzamiento de las reformas emprendidas en los años noventa es justamente el arancelario.

Como se sabe, la reducción general de aranceles que permitió pasar de un promedio arancelario de 66% a finales de los ochenta a uno de 13.5% a finales de los noventa, y de una desviación estándar (indicador de la discrecionalidad en la política arancelaria) de 25 a una de 3.7, sufrió un drástico cambio en el 2001. Los aranceles dejaron de reducirse de manera general para pasar a la "política arancelaria a pedido". A partir de entonces las reducciones y alzas han afectado grupos reducidos de partidas y muy probablemente también a un grupo pequeño de empresas. Como veremos, entre éstas no están las mineras.

¿Por qué tan altos aranceles?
En el 2003 se importó aproximadamente US$237 millones en bienes de capital para la minería, lo que significó un pago de aranceles de US$19.6 millones. Resulta curioso que la minería siga teniendo costos arancelarios tan elevados a pesar de las constantes reducciones arancelarias a bienes de capital que se han efectuado últimamente. La razón es muy sencilla. En marzo del 2002 el Ministerio de Economía (MEF) realizó una reducción general de los aranceles aplicables a los bienes de capital. Todas las partidas que en el 2003 importó la minería desde Estados Unidos pagando aranceles equivalentes al 12% gozaron de esta rebaja que disminuyó el arancel a 7%.

Sin embargo, el beneficio duró sólo un mes. A mediados de abril un nuevo decreto supremo del MEF dispuso que se le imponga -supuestamente de manera temporal- una sobretasa de 5% a 312 partidas de bienes de capital. A pesar de lo que indica el decreto, una medida como ésta sin justificación técnica, como la que debe hacerse cuando se aplica una salvaguardia, no es un procedimiento avalado por la Organización Mundial de Comercio (OMC). En el 2003, la aplicación de esta decisión significó más de US$6 millones de impuestos a la importación pagados en exceso (200%).

Peor aún, según lo dispuesto en el decreto la medida debió eliminarse el 31 de diciembre del 2003, pero lamentablemente en el Perú no hay nada más permanente que lo temporal, y el último día de vigencia del dispositivo se publicó en el Diario El Peruano el decreto supremo 193-2003-EF que extendió la protección de 5% adicional para los industriales hasta finales del 2004. A costa claro de la minería y de otros sectores productivos.

Frente a este panorama no resulta extraño preguntarse si la política arancelaria en el Perú la maneja los ministerios de economía de los gobiernos de turno, o un grupo de industriales beneficiado con las alzas y reducciones discrecionales. Si las empresas peruanas deben pagar mayores impuestos para adquirir productos importados, lo mínimo que pueden exigirle al gobierno es que informe qué empresas son las que se están beneficiando a expensas de sus bolsillos, empezando por la sobretasa de 5% a los bienes de capital.

Luego de analizar el manejo arancelario, se hace evidente los tratados comerciales son la única manera de conseguir un trato arancelario justo y equitativo. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de que las empresas mineras participen activamente en estos procesos y eviten, por ejemplo, que sus bienes de capital sean colocados en las canastas con mayores plazos de desgravación. Si se consiguiera que se ofrezcan en desgravación inmediata, la minería se beneficiaría en principio con un ahorro de más de US$17 millones, lo que podría crecer si con esto se estimulan las importaciones.

Por lo pronto, en la oferta inicial que ha hecho Perú a Estados Unidos el 30% de los bienes de capital importados desde ese país por la minería en el 2003 han sido colocados en las canastas de cinco y diez años. Y, peor aún, 76 de las 98 que tienen la sobretasa de 5% han sido ofrecidas en 10 años.

Cuidado con los demás capítulos
El tema arancelario es solo uno de los aspectos en el TLC con Estados Unidos. Muchos de los demás capítulos involucrados han determinado que la negociación interna para establecer las propuestas que presentaría el Perú sea aún más difícil que las negociaciones con las demás partes. La "sala adjunta" ha sido testigo del deseo de algunos de evitar que el TLC funcione como un ancla estabilizadora de nuestras normas sobre inversión. Así, se ha propuesto dejar la puerta abierta a la implementación de requisitos de desempeño para la inversión, lo que permitiría que eventualmente el Estado niegue beneficios a las empresas que, por ejemplo, no adquieran productos locales, incumplan metas de exportaciones o de contratación de trabajadores, entre muchas otras posibilidades.

Otra de las propuestas controversiales ha sido la exclusión de ESSALUD y el Ministerio de Salud del capítulo de compras estatales, lo que significaría que estas entidades realizarían sus adquisiciones utilizando criterios distintos a la búsqueda de los precios más bajos y la mejor calidad, al mantener las normas discriminatorias que rigen las compras del Estado actualmente. Para defender esa posición se han utilizado argumentos tan inusitados como el de que los consumidores no tienen nada que ver en las negociaciones.

Sin embargo, los principales perjudicados con esa propuesta son las personas que no pueden pagar un seguro privado y se atienden en los centros de salud de esas dos instituciones. No solo es inmoral perjudicar a esta gente para beneficiar a algunas pocas empresas (en la licitación de medicamentos del 2002 de ESSALUD los 20 puntos adicionales que se le otorga a los productos locales solo benefició a 7 empresas), sino además este tipo de propuestas se repiten en varios otros sectores, lo que de aceptarse condenaría al Estado a ser ineficiente en sus compras y, por tanto, se propiciaría que los gobiernos de turno tengan que subir los impuestos o crear nuevos para poder compensar ese mayor gasto derivado de sus compras ineficientes. Y como se ha visto, últimamente la creatividad en este rubro suele dirigirse con especial entusiasmo al sector minero.

En resumen, la presión para recurrir nuevamente a la fracasada política económica de décadas anteriores es muyfuerte como para ser ignorada. Es evidente que mantenerse ajeno al TLC con Estados Unidos no mantendrá el Statu Quo y es necesario un mayor compromiso por parte de aquellos que sí creen en el libre mercado, en la eficiencia del Estado y, sobretodo, en que las empresas peruanas pueden ser competitivas sin proteccionismos ni asistencialismos.