PANORAMA

SECTOR ENERGETICO PERUANO
NECESITA SEÑALES POSITIVAS
PARA CRECER
Gonzalo Tamayo
Estudios Económicos Macroconsult S.A.

El abastecimiento de electricidad en el Perú atravesará un importante cambio estructural a partir del 9 de agosto de este año, cuando se inicien las operaciones comerciales de la central térmica de Etevensa con la utilización del gas natural procedente de Camisea. Situación que significará un aumento sustancial en la oferta de este tipo de combustible para la generación eléctrica.

La entrada del gas natural se verá coyunturalmente favorecida por la sequía -variable climática cuyos efectos se reflejarán en los elevados costos marginales reportados por el COES- que actualmente afecta al Perú, ya que al aumentar el despacho de energía de las centrales térmicas, el nivel del consumo de gas será mayor al inicialmente previsto.

De esa manera, una creciente participación de centrales térmicas más eficientes podrá reducir el riesgo hidrológico que existe en nuestro país para éste y el próximo año. A la fecha, el volumen de agua acumulada en los principales embalses y lagunas está en niveles preocupantes y su recuperación dependerá del próximo ciclo hidrológico.

De confirmarse la posibilidad de una sucesión de años hidrológicamente más secos que los anteriores, es probable que se generen incentivos para que se concrete un ingreso más rápido, al inicialmente proyectado, de este tipo de centrales térmicas, en la medida en que éstas podrán encontrar un mayor espacio en el despacho.

Proceso de recambio
Esto es particularmente importante si se evalúa la disponibilidad de reservas del sistema eléctrico nacional, que a la fecha está por encima del 40%, pero que requiere de un proceso paulatino de recambio y reemplazo de unidades generadoras a diesel por centrales más eficientes a base de gas natural.
Hay que tener en cuenta que en tanto se produzca un mayor ritmo de reemplazo y más despacho a base de gas también se reducirá el pago por concepto de garantía de red principal.

Lo cierto es que el marco regulatorio del sector eléctrico, establecido hace casi ya 10 años, ha permitido un incremento significativo en la inversión, el aumento de la cobertura eléctrica y la existencia de una reserva que otorga seguridad de suministro aún en esta situación de aguda sequía.

Sin embargo, a la fecha existen síntomas claros de algunas deficiencias en el mismo. Entre estos elementos, que hay que tomar en cuenta, destacan las dificultades de algunas distribuidoras eléctricas que no han logrado suscribir contratos de abastecimiento de electricidad por un mínimo de 24 meses, tal como lo establece la Ley de Concesiones Eléctricas.

Incluso se ha reportado que se han realizado licitaciones sin la presentación de postores interesados. Además, es probable que la entrada del gas natural refuerce el espacio para comportamientos estratégicos en la industria que se reflejarán en intentos de subdeclaraciones de precios por parte de algunas centrales para desplazar a otras en el orden de despacho con el objetivo de obtener mayores ingresos por potencia. De esta manera, algunas centrales podrían estar tratando de mantenerse por más tiempo en el mercado, pero incurriendo en el riesgo de inhibir el ingreso de nuevas centrales más eficientes.

Mayor competencia
La distribución eléctrica también observará cambios y un aumento en el nivel de competencia en la venta final al mercado regulado debido al paulatino cambio de los usuarios en la satisfacción de sus necesidades domésticas mediante artefactos a base de gas natural.

Dicho efecto también se advertirá en el mercado de gas licuado de petróleo, con lo cual los consumidores que estén cercanos a las redes de distribución de gas natural serán los primeros beneficiados con la existencia de mayores alternativas en el mercado para definir su consumo energético. La decisión por una u otra alternativa dependerá obviamente de las restricciones y costos que genere el cambio a combustibles y artefactos alternativos, su amortización en el tiempo y la reducción de su gasto en energía.

En ese sentido, la futura evolución de la inversión privada en el sector eléctrico va a depender fundamentalmente del crecimiento de la demanda y del marco regulatorio aplicable. En el primer caso, si bien el desarrollo de posibles proyectos mineros o el crecimiento de la población implicarán el aumento de la demanda por energía para los próximos años, se requiere de un proceso de crecimiento económico sostenido; de modo tal que sea posible la viabilidad económico financiera de nuevos proyectos en este sector.

En el segundo caso, es indispensable que se enfatice la necesidad de que se concrete modificaciones a la legislación vigente, las cuales se deben realizar de manera paulatina.
En un mercado como el eléctrico, donde las inversiones son altamente especificas, es crucial ser muy cuidadoso en el tipo de señales que se dan a un sector que se caracteriza por inversiones de largo plazo.

Reglas claras y estables
para la inversión minera
Verónica Marsano Conroy
Minera Aurífera Retamas S.A.

Muchos se preguntan ¿por qué el sector minero requiere de reglas estables? En realidad, son varias las razones, pero todas están vinculadas a que es una inversión de alto riesgo, pues de cada mil proyectos, se exploran 100 y sólo uno es viable.

La minería requiere de una fuerte inversión de capital en la etapa de exploración, que puede durar entre tres y diez años; así como para infraestructura, porque normalmente sus operaciones se ubican en zonas alejadas del país.

El largo período de maduración del proyecto, el alto riesgo por la naturaleza propia de cada yacimiento y los precios de venta que son definidos por el mercado, y por tanto no pueden manejarse, son elementos que también deben evaluarse al tomar decisiones. Sólo en este año el sector minero ha enfrentado dos claros ejemplos de la falta de estabilidad en las reglas de juego: la imposición del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la inminente aplicación de las regalías.

Para una empresa de la mediana minería, con una facturación (a precios actuales) que fluctúa entre los US$40 millones y US$70 millones, estos dos impuestos o contraprestaciones significan un sobrecosto que bordea un millón de dólares anuales, de los cuales US$200 mil corresponderían al ITF, y el resto a regalías. Al inicio del año, estos dos sobrecostos no estuvieron previstos.

Por el desarrollo
La minería necesita reglas estables que permitan realizar flujos de caja que se cumplan en el tiempo; que no surjan sobrecostos a medio camino del proyecto, ya que lo único que genera es que los proyecto viables pierdan su atractivo, principalmente, aquellos con menores márgenes de ganancia.

Estos cambios abruptos de reglas de juego traen consigo que el cierre de las empresas se convierta en un riesgo cada vez más tangible, ya que deben asumir la reducción de las utilidades y la consiguiente disminución del presupuesto para exploraciones. Sin contar con que los trabajadores verán restringidas sus participaciones en las utilidades y verán disminuir las posibilidades de recibir un incremento de sueldos.

Lo concreto es que las obligaciones económicas de las mineras a favor de las regiones se han triplicado, ya que además del canon, que pagan a través del Impuesto a la Renta, ahora tendrán las regalías mineras y los compromisos en gastos sociales de cada empresa ya asumidos con las comunidades. Todo esto generará un fuerte impacto en las empresas cuyo capital sea 100% peruano, no cuenten con contratos de estabilidad tributaria suscritos, tengan márgenes operativos reducidos y al ser minería subterránea, altos costos de operación. Ello sin poder dejar de honrar sus compromisos con las comunidades (que no se deducen como gastos tributarios).

Reglas claras
Lo cierto es que son cuatro los temas pendientes de la agenda minera que evidencian la falta de normas claras y que generan incertidumbre para el sector.

El primero está referido a las concesiones mineras y su necesidad de contar con el acceso al terreno superficial. A la fecha, existen serios problemas para alcanzar un acuerdo entre el propietario y/o poseedor del predio y la empresa minera. La razón es que falta la claridad en la titulación de predios en zonas rurales que no permiten definir el concepto de propiedad. Además, está el rechazo hacia la minería y la negativa de los propietarios para firmar acuerdos, básicamente por desconfianza.

Entre los elementos que juegan en contra de los acuerdos, en esta materia, está la falta total de catastros de las zonas rurales, lo que genera, en algunos casos, incertidumbre en la definición de los linderos exactos o quiénes son los reales propietarios. La propiedad, por lo general, no está debidamente inscrita en Registros Públicos, entre otras carencias. Esto muestra que es necesario que se ponga en aplicación una Ley de Servidumbre Minera más eficaz y concordante con la realidad.

Otro tema son las penalidades mineras, las que aplican luego de seis años de otorgado el título de concesión sin haberse iniciado la producción. El empresario deberá pagar, a partir del séptimo año, el equivalente al precio de US$ 6 por hectárea/año de terreno. Como consecuencia de la falta de claridad de las normas, no existe un consenso en su interpretación para definir si este pago es o no deducible como gasto para efectos tributarios. Así, hay ciertos especialistas que consideran este pago como una contraprestación (en ese caso sí sería deducible), pero hay quienes lo ven como una sanción administrativa (en ese caso es deducible como gasto). La autoridad tributaria prefiere mantenerse en silencio.

Un tercer problema es la minería informal, frente al cual el Estado toma una actitud pasiva, sin contar con que no existe un procedimiento ante la autoridad minera para solucionarlo. Además, si los agraviados (mineros formales) optan por la vía judicial, deberán afrontar un procedimiento muy largo, situación que permite a los infractores continuar extrayendo el mineral mientras dure el proceso. Una vez más se evidencia la falta de una regulación clara que solucione el problema y que detenga las invasiones de los informales.

La informalidad se da principalmente en el sector aurífero. Estos mineros explotan mediante métodos artesanales, incluso utilizando cianuro de sodio, provocando contaminación ambiental. Si bien en el aspecto ambiental el sector minero formal es el que está más avanzado en lo que se refiere al control de los impactos medio ambientales, paradójicamente es el más fiscalizado y criticado. La falta de equidad en la severidad de las sanciones y controles entre la minería formal y la informal que crea mayores problemas para llevar adelante los proyectos mineros.

Lo cierto es que la minería requiere de normas reglas claras y estables para seguir desarrollándose porque es una inversión de alto riesgo. Elemento que debe evaluarse antes de tomar una decisión que la afecte.

(*) Extracto de la ponencia que Verónica Marsano presentó durante el Seminario Reglas Claras y Estables para la Inversión en Minería realizado en junio. La Dra. Marsano es la presidenta de la Comisión Organizadora del Congreso de Mujeres Mineras que se realizará en agosto próximo en nuestro país

¿Fondo de estabilización frente a alzas del petróleo?
Aurelio Ochoa Alencastre
Director de Energie consult

Si bien resultó saludable establecer por 120 días una franja de precios para los combustibles, a través del manejo del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para que el consumidor esté protegido de eventuales alzas que superen los US$40 el barril; la norma (D.U. N° 003-2004), al haber sido tardíamente sancionada, en la práctica tiene sólo una aplicación cosmética. La razón: El precio del petróleo está en franco descenso respecto al límite preestablecido en el dispositivo.

Empero, los efectos negativos que ya impactaron a las actividades productivas, como consecuencia de los altos precios de los combustibles y de una extemporánea reacción gubernamental pueden hoy apreciarse; no sólo a través del factor inflacionario, sino particularmente en la aparición de indicios de desaceleración en algunos sectores de la economía. Situación que indudablemente ha provocado que nuestra competitividad, frente a países vecinos, sufra una mella adicional a la que ya venía generándose por factores políticos. Esto, explicaría el porqué en los últimos años, no pocos inversionistas peruanos (y extranjeros) vienen trasladando sus negocios y/o plantas industriales a países vecinos, vislumbrando en esos nuevos destinos, la existencia de una estabilidad garantizada, no sólo jurídica sino también económica y que les dará éxito seguro bajo el marco del ATPDEA en curso y/o el futuro Tratado de Libre Comercio (TLC).

Para pensar
Sin embargo, nos debe preocupar la ansiedad que muestra la caja fiscal por captar mayores recursos, con las correspondientes consecuencias negativas al aparato productivo y a la economía en general. Así, el año pasado coincidiendo con la invasión a Irak, ocurrió una situación similar con los combustibles, al emitirse un decreto de urgencia, de 180 días de vigencia, en el que se estableció una franja de precios que se iba a aplicar siempre que el valor del petróleo superara los US$40 barril. No obstante, para financiar el eventual "forado" fiscal que podría producirse, previamente se subió bruscamente el precio de los combustibles en un 15% en promedio. Producida la invasión, el petróleo, lejos de subir, cayó a niveles por debajo de los US$30, empero en el mercado local el precio quedó congelado durante ese período, generando enormes ingresos tributarios no programados, a través del Impuesto al Rodaje (8%) y el Impuesto General a las Ventas (19%).

En lo que se refiere al ISC, según cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en el 2001 se consumieron 140 mil barriles de combustibles que permitieron una recaudación de S/.2,321 millones; en el 2002 fueron 139 mil barriles y una recaudación de S/.3,003 millones. Estas cifras muestran un salto de casi 30% en la recaudación, de un año a otro, sólo por ISC. Este incremento se produjo a pesar del menor consumo y que el monto del impuesto es fijo y no porcentual.

Cabe señalar que en el 2003, el consumo cayó a 135,000 barriles, pero la recaudación por ISC continuó subiendo hasta los S/.3,266 millones. Es decir, a pesar de que el consumo de combustibles en el país ha venido descendiendo recurrentemente, la recaudación fiscal por este concepto, curiosamente, ha ido ascendiendo a niveles cada vez más peligrosos para la economía. Situación que debe y tiene que detenerse, si no queremos mayores debacles en el aparato productivo nacional y una carencia de competitividad en el futuro TLC.

Cuestión de costos
Lo cierto es que estos constantes vaivenes son parte de uno de los principales componentes de la estructura de costos en cualquier actividad económica como puede ser el precio de los combustibles. Esta situación no permite un adecuado planeamiento estratégico en las empresas, lo que nos obliga a traer a colación lo ofrecido recientemente por el Ministerio de Energía y Minas (en coordinación con Economía y Finanzas) respecto a la implementación de un mecanismo que permita neutralizar o amortiguar -por un período mayor a los señalados en los decretos de urgencia precedentemente comentados- los efectos de eventuales alzas en los precios del petróleo en un futuro cercano.

Cualquiera sea la denominación y/o modalidad que decida implementar la actual administración, ésta deberá materializarse prontamente. Las decisiones tienen que ser oportunas. Los incendios deben prevenirse, para no llegar a apagarlos tardíamente, cuando estos ya se extinguieron.

El mejor momento para la formación de este "fondo de contingencia o estabilización" es cuando los precios del petróleo están en descenso o estabilizados. En ese sentido, resultaría justo que el fisco lo implemente, extornando hacia una cuenta intangible lo recaudado en exceso. La base de referencia de estos excedentes la constituirían los parámetros preestablecidos en la Ley de Presupuesto General de la República vigente.