PROMOCIÓN DE
LA INVERSIÓN EN EL PERÚ:
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
Instituto Peruano de Economía (IPE)

Un elemento que atenta contra la competitividad de nuestro país es el constante cambio en las reglas de juego y la calidad de las instituciones que rigen el día a día. Sólo por poner un ejemplo, la administración de la justicia en el Perú es calificada como una de las más deficientes del mundo. Nuestro Poder Judicial se ubica en el puesto 92 de un total de 102 países en un ranking de independencia. Frente a esta realidad, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que el gobierno viene negociando, ayudará sustantivamente a mejorar esta situación, ya que permitirá el acceso de los peruanos a diversos tribunales supranacionales para que puedan defender sus derechos, no sólo constitucionales sino también comerciales. Incluso las querellas judiciales que el Estado Peruano mantiene con varias empresas norteamericanas se podrían resolver en aquellas instancias.

De acuerdo con el Índice de Desempeño de la IED (Inversión Directa Extranjera), de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 1996, el Perú estaba ubicado en el ranking en el puesto 15 de 140 países. Pero la situación cambió cuando el flujo de IED empezó a caer y el deterioro se agravó al punto que en el 2001 el Perú se ubicó en el puesto 78.

La situación es más preocupante aún si se hace mención al ranking del Foro Económico Mundial, que en 1998 colocó a nuestro país en el puesto 47 en lo que se refiere a la competitividad empresarial y el año pasado se ubicó en el puesto 70. Hay que considerar que esta caída se dio sin contar las recientes medidas legislativas adoptadas y en proceso de ser aprobadas por el Congreso de la República (regalías, la no privatización de Mantaro y Petroperú por citar decisiones ya tomadas) cuyas consecuencias negativas se traducen en la incertidumbre que inhibe a los inversionistas de apostar por el Perú.

Reglas tributarias
Así las cosas, un tema que afecta sensiblemente la visión del Perú entre los inversionistas es el constante cambio en las normas tributarias. Modificar el esquema de cuatro a cinco impuestos (con la inclusión del Impuesto a las Transacciones Financieras) definitivamente influye, pero a esto se debe sumar que la legislación tributaria sobre la renta viene sufriendo cambios sustanciales anualmente y esto, definitivamente, no es bueno para el país, ya que se envía una señal de inestabilidad.

Por ejemplo, en el 2001, la tasa del Impuesto a la Renta que debía pagar una empresa que no reinvertía alcanzaba el 30%, mientras que las que lo hacían sólo pagaban 20%. Hoy esas mismas empresas que deciden reinvertir deberán asumir una tasa de 30%, mientras que las que no lo hagan deberán pagar 34%. Semejantes cambios en apenas tres años generan una alta incertidumbre.

Esto ocasiona cambios dramáticos en los planes de reinversión pre establecidos de las compañías. Las diferencias en el valor presente de los flujos de los retornos de las inversiones con las normas tributarias con y sin cambios ocasionan enormes pérdidas a las empresas. Bajo estas condiciones, obviamente, es difícil tomar la decisión de seguir apostando económicamente por las inversiones en el Perú.

Infraestructura
Otro factor que afecta los costos de los empresarios y la competitividad es la falta de inversión en la infraestructura de servicios públicos. De acuerdo con estimaciones al año 2001, la brecha de inversión del país es de US$18,162 millones, de los cuales US$12,957 millones son necesarios en provincias y US$5,205 millones en Lima.

Los puertos bajo la administración de ENAPU aún no obtienen la certificación internacional requerida para que puedan despachar nuestras exportaciones, principalmente a los Estados Unidos y el plazo vence en julio. Sólo Matarani, entregado en concesión al sector privado, cuenta con el visto bueno. El Callao, el más importante puerto peruano, aún no está listo. Sobre los otros puertos, sólo se puede decir que se necesitan US$159 millones para estar a la altura del promedio de puertos de la región.

Frente a estas carencias, resulta paradójico que el Estado tenga activos valorizados en alrededor de US$3,600 millones, entre los que estaría Sedapal, los puertos, aeropuertos regionales, PetroPerú, ElectroPerú, entre otros, los que en conjunto representarían compromisos de inversión de hasta US$7,600 millones, recursos que podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de la infraestructura del país, entre otras necesidades.

Ahora si se optara por la privatización o concesión, según sea el caso, eso significaría cubrir la brecha de infraestructura en salud que actualmente tiene el Perú.

Propuesta para el debate
Si el objetivo es promocionar la inversión en nuestro país, el IPE considera que el primer paso es tomar medidas concretas para que la actividad empresarial del Estado deje de desalentar la inversión privada. Para ello, se debe tomar conciencia de la necesidad de privatizar los activos públicos y dar en concesión la infraestructura básica que está en manos del Estado.

Además es esencial efectuar algunas modificaciones en la regulación. Entre ellas está el otorgamiento de autonomía constitucional al Indecopi y fusionar algunos de los reguladores. En esto último, lo ideal sería que los temas financiero y de mercados de capitales sean vistos por una sola institución. Igualmente los servicios básicos podrían ser vistos por un solo regulador y los temas de competencia exclusivamente por Indecopi, para evitar incongruencias.

También, es indispensable que se establezca como una práctica permanente la realización de auditorías financieras y de gestión a las empresas y proyectos públicos, como una forma de mostrar la mayor transparencia posible en el actuar estatal. Por consiguiente, resulta fundamental que el Estado se dedique a la desregularización y simplificación administrativa, y establezca una ventanilla única para la solicitud de permisos y la presentación de la documentación que la ley exige a quienes desean trabajar en la formalidad. Actualmente, los innumerables trámites con plazos que en la práctica son casi indeterminados, en las distintas instancias del gobierno desalientan a los inversionistas que muchas veces se ven envueltos en una maraña burocrática sin salida.