De espaldas a la inversión

Queremos mostrar nuestro más firme rechazo a la actitud de algunos congresistas, que sistemáticamente vienen promoviendo la aprobación de normas que atentan contra el marco jurídico en el que se desarrollan las empresas productivas en el Perú. Hace unas semanas, el Congreso de la República aprobó la imposición de regalías mineras, aún cuando se ha mostrado, hasta la saciedad, los graves perjuicios que traerán a un sector que en los últimos diez años se ha convertido en el motor de la inversión en el país y del desarrollo descentralizado.

Empresarios mineros, especialistas, sindicatos, autoridades regionales y municipales han mostrado que este impuesto antitécnico atenta contra la estabilidad jurídica, acentúa el clima de incertidumbre entre los inversionistas, pero, principalmente, merma la competitividad del Perú en favor de otros países, limitando la creación de nuevos puestos de trabajo. Ninguna de estas consideraciones fueron tomadas en cuenta en el debate legislativo. Por el contrario, los argumentos demagógicos y los intereses electorales de un grupo de representantes se impusieron, generando falsas expectativas en la población. Creemos que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, debe observar esta ley por ser confiscatoria, discriminatoria y anticonstitucional.

Lamentablemente, este duro trance no sólo lo vive la minería. El sector eléctrico observa expectante cómo el Parlamento se enfrasca en el debate de un proyecto para modificar la legislación de los intereses moratorio y compensatorio, que sólo beneficiarán a un puñado de usuarios (no domésticos) que no cumplen con pagar puntualmente sus consumos. Se premia a los morosos cuando la mayoría de los peruanos sí se esfuerza por cumplir con sus obligaciones puntualmente.

La puntería también ha sido puesta sobre la legislación laboral, e inconsultamente la Comisión de Trabajo del Congreso ha decidido eliminar la Tercerización del reglamento de la Ley de Intermediación Laboral, a pesar de que ya existe una comisión -conformada por destacados laboralistas, empresarios, trabajadores y representantes del gobierno- que viene elaborando una Ley Integral de Trabajo.

Incluso, no hace mucho, el Congreso excluyó a Petroperú del proceso de privatizaciones. El sueño de "la empresa estatal rentable" que venden funcionarios de esa entidad, con argumentos sofistas y cifras amañadas, ha traído por tierra las razones técnicas que respaldaban su traslado al sector privado.

Nos preguntamos si todas estas "ideas" están relacionadas con la temprana carrera electoral, y por la que, al parecer, algunos son capaces de contar verdades a medias con tinte populista. A pesar de las piedras en el camino, el gremio mineroenergético reafirma su compromiso con el Perú para seguir contribuyendo en la captación de inversiones, la creación de trabajo y la promoción de la descentralización productiva.