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Apuntes
CAMISEA
AHORRO DE ENERGÍA
Con la llegada del gas de Camisea a Lima, en agosto, el gasto nacional
de energía bajaría en 16% y se observaría una reducción
de los precios de energía eléctrica en un 20%, aproximadamente.
A esa conclusión llegaron los técnicos del Ministerio
de Economía y Finanzas, tras aclarar que el ahorro esperado en
la industria por la sustitución energética sería
de US$1,900 millones, durante la vida útil del proyecto. Las
primeras beneficiadas serán las industrias de alimentos, cerámicos
y vidrios; empresas que por lo general tienen una demanda significativa
de energía.
Asimismo, señalaron que la llegada del gas también traería,
como consecuencia inmediata, la transformación de la matriz energética
del país.
De otro lado, el Ministerio de Energía y Minas viene estudiando
tarifas especiales del gas natural para las regiones de Ayacucho y Huancavelica,
así como las que recibirá la región Cusco como
consecuencia de la suscripción del contrato de exploración.
El objetivo es lograr que en el más breve plazo se masifique
el consumo de este nuevo combustible.
CAF FIRMARÁ
CRÉDITO PARA PROYECTO
La Corporación Andina de Fomento (CAF) firmaría en las
próximas semanas el desembolso del crédito pendiente que
servirá para financiar la etapa de transporte del gas de Camisea.
Cabe recordar que esta entidad multilateral aprobó, a finales
del año pasado, un préstamo por US$75 millones para la
empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que a la fecha
aún no ha sido entregado.
Su titular, Enrique García, espera que en el más breve
plazo se pueda concretar el desembolso del dinero que se requiere para
concluir las obras. Lo único que está pendiente, precisó,
es que TGP cumpla con algunas condiciones del crédito. Lo que
al parecer estaría por concretarse. Recordó que el préstamo
que otorga la CAF está "amarrado" al que entrega el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
sube&baja
PESE A LOS OBSTACULOS
A pesar del ruido político y los desatinos legislativos, las
buenas noticias aún nos tocan la puerta. El INEI acaba de informar
que, en abril, la producción de los sectores económicos
creció y nuestro PBI se incrementó en un 3.28%.
TERQUEDAD LEGISLATIVA
Pese al uso político que siempre se la ha dado a Petroperú,
el pleno del Congreso insiste en mantener la empresa bajo el control
estatal, desalentando la participación de la inversión
privada en el sector petrolero, soñando que algún día
se cumpla el sueño de la "empresa estatal rentable".
SHAHUINDO CON
BUENAS EXPECTATIVAS
La empresa canadiense Sulliden Exploration acaba de anunciar que ejercerá
su opción de cancelar el pago total por la concesión de
la mina Shahuindo (oro y plata), ubicada en la región Cajamarca.
El monto alcanzaría los US$2.5 millones, además de los
intereses correspondientes.
Como se recuerda, el contrato de compra se suscribió en noviembre
del 2002 entre Minera Sulliden Shahuindo SAC (filial de Sulliden) y
la Compañía Minera Algamarca S.A. Mediante ese acuerdo
legal, Algamarca transfirió sus derechos en la propiedad de Shahuindo
a la empresa Sulliden. En el contrato se incluyó una cláusula
de aceleración de la opción de compra, cuyo monto total
fue pactado en US$4.13 millones.
De acuerdo con BNamericas, si bien ambas empresas acordaron que el precio
total sería pagado en cuotas con un 5% de interés anual
por un período de dos años, Sulliden Exploration ha decidido,
en función a las atractivas condiciones de la zona, ejercer la
opción del pago total de la propiedad.
CAMISEA YA ES UNA REALIDAD
SE INCIA LLENADO DE GASODUCTO A LIMA
El consorcio de empresas que lleva a cabo el proyecto de gas natural
de Camisea, empezó, el 2 de junio, el llenado del ducto que transportará
el gas desde el campo de Camisea, en la selva del sudeste del Perú,
a Lima a partir de principios de agosto.
"Lo que hace unas semanas eran pruebas técnicas se ha convertido
en el llenado definitivo del ducto que va a ser parte del proyecto que
se inaugurará la primera semana de agosto en Lima", afirmó
Jaime Quijandría, ministro de Energía y Minas.
Tomará alrededor de un mes y medio llenar el ducto de 500 kilómetros,
sostuvo el funcionario tras anotar que la única demora que se
presentó fue en la construcción de la planta de separación
de gas en Pisco, "pero estamos avanzando", subrayó.
De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto de Camisea, tendrá
un costo de US$1,600 millones en su fase de desarrollo inicial y convertirá
al país en un exportador neto de energía y agregará
un 0.8% anual al crecimiento económico por los siguientes 40
años de vida del proyecto.
SEGUN ENCUESTA
BOLIVIANOS PREFIEREN AL PUERTO
DE ILO PARA EXPORTAR SU GAS
Sólo el 13% de los bolivianos prefiere que el gas de Tarija
sea exportado por Chile, de acuerdo con el resultado de una encuesta
realizada entre 16.654 bolivianos hace unos días. Así,
la posibilidad de que el gas salga por el puerto peruano de Ilo mantiene
las mejores posibilidades.
Según el sondeo de opinión realizado por la Red de Educación
Radiofónica de Bolivia-Erbol, el 60% de la población de
El Alto y el 74% de los bolivianos que viven en La Paz están
a favor de que su gas sea exportado a través de un puerto peruano.
En cuanto a la nacionalización del gas, el 83% de los consultados
se pronunció a favor, aun cuando reconocían que una decisión
así traería dificultades económicas a su país.
Por lo pronto, ya se han dado a conocer las preguntas que serán
incluidas en el referéndum que se realizará el 18 de julio.
Respecto al uso del gas, los bolivianos deberán contestar: "¿Está
usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de
utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una
salida útil y soberana al océano Pacífico?".
Además se incluirán dos preguntas: "¿Está
usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos
1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?" y "¿Está
usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos
los hidrocarburos en boca de pozo?".
Punto
de Vista
¿QUÉ PASARÁ CON LAS
CONTRATAS MINERAS?
Jorge Toyama Miyagusuku
Recientemente, la Comisión de Trabajo del Congreso de la República
aprobó un proyecto de ley para suprimir las contratas mineras;
y, por otro lado, el Ministerio de Trabajo ha expresado su intención
de regular o delinear este tipo de servicios. Entre las razones está
el creciente número de trabajadores vía contratas, la
ausencia de una real prestación externa de servicios, la falta
de seguridad, la diferencia de condiciones laborales, etc. Es decir,
se pretende suprimir o delinear un fenómeno con el argumento
de que restringirían derechos laborales.
En nuestra opinión, no puede prohibirse las contratas mineras,
pues éstas son parte de la actividad ordinaria del sector y,
más todavía, son una expresión del proceso de tercerización
u outsourcing que hay en todas las actividades económicas, hasta
el propio Estado y el Congreso tercerizan sus servicios de fotocopiado,
mensajería, call center, contabilidad, operación, entre
otros.
La tercerización u outsourcing es un fenómeno mundial.
Las empresas han migrado de una estructura vertical o piramidal a una
organización de "red" con relaciones horizontales,
fragmentación de los ciclos productivos; y vinculaciones de las
empresas a niveles de coordinación y articulación. Las
compañías requieren flexibilidad operativa -que les permita
adecuarse a las vicisitudes del mercado- y concentrarse en actividades
de carácter estratégicas: el core business (Back to basics).
De este modo, toda actividad no estratégica, o que pudiera ser
temporal, contingente, complementaria, especializada, y hasta principal,
es desarrollada por otras compañías, generándose
relaciones de coordinación, cooperación, riesgo compartido,
etc.
Impedir las contratas no tiene lógica, pues, buscaría
prohibir un fenómeno económico mundial. Se alteraría
las relaciones en todas las actividades económicas, no solamente
en la minería. Lo esencial es la fiscalización laboral.
El Estado debería supervisar las actividades y aplicar, en los
casos de tercerización "ficticia" o "bamba",
las sanciones correspondientes. En esta línea, el proyecto del
Ministerio de Trabajo se acerca a lo más razonable, mientras
que, el proyecto del Congreso debería descartarse de plano.
OPINION
Las regalías ahuyentan
la inversión privada
Samuel Ramón
(*)
Quienes hemos podido apreciar el proceso
que ha seguido la aprobación de una iniciativa legislativa para
imponer regalías a la actividad minera, nos hemos sorprendido
de cómo la actitud irresponsable, y en extremo politizada, de
quienes tienen en sus manos la misión de emitir normas que beneficien
a la mayoría de los peruanos, se han desprendido de su cometido,
que es encontrar las mejores rutas y medios que conduzcan al desarrollo
económico y social del país.
Desde que se presentó la primera iniciativa en la Comisión
de Energía y Minas del Congreso de la República hemos
visto llegar hasta 17 distintas propuestas que buscan imponer mayores
cargas tributarias a un sector que luego de más de 10 años
recién hoy está recibiendo los beneficios del incremento
del precio de los minerales y recuperándose de una década
de pérdidas.
Argumentos políticos y nada técnicos se han esgrimido
con la sola intención de ganar una precoz carrera electoral y
prepararse para un eventual escaño en el 2006. Sus defensores
no sólo han olvidado que esta carga ciega se aplicará
sin considerar los períodos bajos de precios que el mercado internacional
acostumbra dibujar en el perfil de los ciclos mundiales, sino que además
los resultados prácticos para la población que demanda
más atención del gobierno no serán apreciados en
la magnitud que ha sido ofrecida.
¿Qué sucederá cuando la realidad descubra la demagogia?
Una vez más comprobaremos que los políticos peruanos aún
no han madurado y que por lo general olvidan que fueron elegidos para
legislar en beneficio del país.
El Perú requiere de nuevos recursos para seguir creciendo. Necesitamos
que nuestro PBI crezca por lo menos a un ritmo de 7% anual si queremos
que el peruano de a pie perciba los beneficios de una economía
estable, pero hay que preguntarnos: ¿con decisiones apresuradas,
que lo único que generan es cambiar las reglas de juego, podremos
lograrlo?
Esta es una interrogante que nos gustaría que nos respondan quienes
lideran esta corriente normativa en contra de la inversión privada.
Quizás si cuentan con argumentos sólidos lleguemos a entender
esa posición. Mientras tanto, sólo nos exponemos a crear
incertidumbre a la herramienta que más alternativas tiene para
crear fuentes de trabajo: la inversión privada.
(*) Comunicador social
ENCUESTA AL PASO
¿Cómo afectan a la inversión privada las últimas
decisiones del Ejecutivo y del Congreso?
Graciela Fernández Baca (presidenta de la Cámara de Comercio
de Lima)
Las recientes medidas adoptadas, principalmente
por el Congreso, respecto a la inversión privada preocupan, ya
que muestran que las reglas de juego se están cambiando. Si algo
necesita el Perú es más inversión porque esto significa
más puestos de trabajo para los peruanos. Se están dando
mensajes nada favorables para la llegada de inversiones, tan necesarias
para que el país progrese.
Rafael Valencia Dongo (Congresista
de la República)
Definitivamente afectará de manera
negativa pues se está incurriendo en una serie de errores con
medidas populistas, que terminarán afectando al pueblo. Ahí
está el caso de la aplicación de las regalías a
la minería. Esta decisión ha sido tomada por congresistas
que ni siquiera tenían claro el significado del término.
Alonso
Rey Bustamante (Abogado)
Absolutamente afectará negativamente.
Toda medida que no se da para promover sino para colocar trabas a la
inversión perjudicará el flujo de capitales, principalmente
de los nuevos. Lo único que provocará es que los inversionistas
opten por otros países.
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